El Intercambio Humanitario
ABP Colombia

Un acuerdo de intercambio humanitario debe darse ya, sin las dilaciones que imponen los llamados “inamovibles” del Presidente Uribe Vélez, que no son otra cosa que la desnaturalización del sentido que en cualquier lugar del mundo puede tener un proceso de esta índole, sólo con el propósito de hacerlo imposible al mismo tiempo que presenta a la insurgencia como intransigente.

Los guerrilleros en manos del régimen son prisioneros de guerra, capturados algunos pocos en misiones de combate y la mayoría mientras estaban en tratamiento médico, visitas familiares o tareas de otro tipo que no se desempeñaban propiamente en el campo de batalla. En todo caso, al igual que los militares capturados  en combate y los políticos auspiciantes de la confrontación que también están en manos de la insurgencia, son prisioneros políticos. Y cuando se habla de un canje o intercambio, independientemente de las variaciones que pueda o no generar en el asunto de la beligerancia el hecho, se trata de un asunto humanitario, de piedad, consideración o si se quiere compasión por las víctimas de lado y lado. Quizás a Uribe tampoco le importe mucho el significado que pueda tener el concepto “humanitario” y prefiera imprimir a la cuestión el vómito de sus odios.

Al contrario de esa infame actitud en el continente se comienza a desenvolver un clamor que mira con perseverancia hacia una salida que alivie los efectos que ha generado la terrible confrontación bélica de la que Uribe no quiere reconocer su existencia, así tenga certeza de ella.
Se considera, en el ámbito general de los Estados de derecho, como prisionero político, a la persona que ha sido privada de libertad por un Estado, por que ha sido sujeto de actos que se consideran peligrosos para el régimen gobernante. Tal tipo de faltas no se refiere a la trasgresión de normas en el sentido del acto delictivo común que no lleva el propósito de atentar contra el establecimiento.
En Colombia, el delito político está por lo general ligado a hechos que se suscitan en contra de las injusticias impuestas por gobiernos intolerantes que comúnmente, en la práctica, no permiten la libre  expresión, la difusión de opiniones divergentes, así formalmente el orden jurídico lo contemplen como posible. Lo que ha ocurrido como constante de vieja data es que las desapariciones, los asesinatos y masacres, o en el menos peor de los casos las detenciones, condenas y capturas arbitrarias se han multiplicado conformando el fatídico historial del terrorismo de Estado.

Hoy, en Colombia, es más grave para una persona ser sindicado de un delito político que de un delito común, en tanto en el primer caso se corre el riesgo de la muerte o la consecuencia infausta de ser acusado de terrorismo, recibiendo todo el ensañamiento del Estado. Ocurre también que si de retaliaciones perversas se trata, suele sindicarse a reconocidos luchadores sociales y políticos de tal condición de terroristas y hasta urdirles patrañas en los que se los muestra como vulgares narcotraficantes, a fin de destruir su altruismo y colocarlos en la condición de extraditables, para con ello buscar con escarnio y chantajes su claudicación, tal como han pretendido infructuosamente en los casos de Simón Trinidad y Sonia, guerrilleros bolivarianos que no se han doblegado.

Valga decir que en tanto la extradición por delitos políticos está constitucionalmente prohibida, suscitarla mediante patrañas y ostensibles falsedades que ocultan la razón política de fondo, es una conducta infinitamente ruin. La sindicación misma de terrorismo que imprimen quines tiene el poder contra los que luchan por emanciparse, no da para  poder enviar a los guerrilleros a las cortes gringas, donde en todo caso los enjuiciamientos se hacen como castigo del imperio a la resistencia patriótica, antiimperialista de los insurgentes.

En desenvolvimiento de los mezquinos intereses de Washington, en Colombia el delito político, además, ha sido desfigurado a fin de vengarse con saña de los opositores políticos armados y desarmados, fomentando al mismo tiempo la disuasión a punta de infamias y exabruptos contra quienes se sospeche siquiera que pudieran inconformarse con el establecimiento.
La naturaleza fascista del régimen en Colombia, ha creado la circunstancia en que ser un “delincuente político” implica recibir un trato absolutamente retaliatorio. Buscando aplastar la legitimidad de los propósitos y formas de lucha de los opositores, no está prevista ninguna situación de consideración especial y favorable, como si ocurre en muchos países respecto a dirigentes de oposición. Y cuando se han desplegado procesos de amnistía o indulto, por lo general han sido destinados para auspiciar procesos en los que se buscó la rendición de los alzados sin que ello implique transformaciones sociales. O peor aún ocurre en el actual proceso de “diálogo”  con los paramilitares, donde lo que se busca es la impunidad y el favorecimiento a criminales que jamás se han opuesto al régimen sino que han sido instrumento de la guerra sucia desbocada por el Estado.

Bien se puede encontrar similitud entre esta característica del Estado Colombiano y lo que hacen las cortes del imperio cuando mientras condenan a Sonia basándose en la inventada acusación de ser narcotraficante y construyen todo tipo de artificios para condenar también a Simón, toman el terrorismo de la empresa bananera Chiquita Brand y lo saldan cobrando 25 millones de dólares.
La inquina contra la oposición insurgente no tiene su fuente sólo en el corazón de los lacayos del imperio. Percibirla, sentirla sobre todo desbocada contra el pueblo, ha llevado a que la insurgencia exija un territorio despejado de tropas para proceder con los contactos y aproximaciones…, con el diálogo que conduzca al acuerdo de intercambio. A esto ha empujada la justa desconfianza que metieron los hechos mencionados, pero también los incumplimientos, traiciones…,  celadas con que han herido a los pobres y con que han aventurado el aniquilamiento de la resistencia.

La seguridad de las FARC, entonces, sólo es posible si esta organización se la garantizan a si misma, y la zona de despeje es la clave para posibilitar tal circunstancia. Confiarse de un régimen taimado sería nefasto si atendemos al historial de incumplimientos del gobierno, cuando de garantizar la palabra se trata.

Por sólo mencionar dos casos grandes o pequeños, según el punto de vista de cada quien,  y que dan mayor fe de las afirmaciones relacionadas, recordemos la operación militar desatada contra las FARC  sobre el área despejada para realizar los diálogos del Caguán, sin que se cumpliera siquiera 12 de las 72 hora pactadas entre gobierno y guerrilla para que esta hiciera la retirada en caso de un rompimiento del proceso. Si las FARC hubiesen admitido una pequeña área y no la que les garantizara la retirada bajo su propia garantía, se hubiesen arriesgado al aniquilamiento de quienes allí se encontraban.

O tomemos el caso de la extinta Unión Patriótica, en el que al confiar la seguridad de su militancia a las promesas del régimen, en el desenvolvimiento de la lucha política abierta y pacífica en que se empeñaron de buena fe, se produjo la trágica muerte, asesinato, de más de cinco mil de sus integrantes manos de las “fuerzas oscuras”, que no eran otras que las del mismo Estado en su terrible juego de guerra sucia.

Por lo demás, la evidente persecución y el terrorismo de Estado desbocado contra la población inerme y que se evidencia en el accionar descarado del paramilitarismo de Estado con sus centenares de fosas repletas de muertos, por encima de todas las garantías ciudadanas que brinda la Constitución, no pueden sino aumentar la desconfianza de las FARC en el gobierno y llenarla de innumerables razones de peso para requerir un mínimo de seguridad a un Estado criminal, a un gobernante infame. Esto lo está haciendo una organización con más de 40 años de experiencia contra la cual, como ya dijimos,  se ha ordenado su aniquilamiento. Y, ni más faltaba que le señor Uribe no entendiera que canjear es intercambiar; una acción que en todos los tiempo y lugares significa entregar y recibir; algo que para el caso de los rebeldes, de ninguna manera va de la mano de la claudicación, la reincorporación al orden  social que se cuestiona por injusto, y el destierro o la traición que significaría el sumarse a la llamada desmovilización sin que al fin de cuentas se produzcan las profundas transformaciones que requiere el orden social injusto que sólo favorece a los oligarcas y que ha generado las razones históricas del conflicto.
 
Necesitamos la Nueva Colombia con la justicia que haga germinar la paz, y el intercambio humanitario es sin duda  un paso necesario para emprender el camino hacia propósito tan noble. Uribe Vélez no puede permanecer como el obstáculo mayor a los anhelos de paz del pueblo Colombiano.