La Corte Suprema se les ¨tiró¨ el plan
ABP /Colombia

La Corte Suprema de Justicia de Colombia falló en contra de la posibilidad de dar a los paramilitares acogidos en la ley de justicia y paz, tratamiento político. Alfredo Gómez Quintero, presidente de la sala penal de esta corte afirma que los actos imputados a los paramilitares no caben dentro del concepto de sedición, contrario, son actos de delincuencia común que deben ser tratados como concierto para delinquir.

Es decir,  los paramilitares son a pesar de los vericuetos  presidenciales con la ley de Justicia y paz, delincuentes.  La negación a otorgarles el delito de sedición les quita beneficios tales como la amnistía y el indulto lo que se traduce en indulgencia con respecto a sus crímenes y la posibilidad de participar en la vida electoral del país.

Esto último apunta contra el centro de vital del proceso de paz con los paramilitares: la legalización de la para-institucionalidad, que no obstante, se derrumba ante el ¨destape¨
del fenómeno de la parapolítica; precisamente en el curso de esta semana, la  Corte llamo a rendir declaración libre  a  cuatro congresistas muy cercanos al presidente.

Ante la decisión de la Corte, Álvaro Uribe Vélez AUV, salió en clara defensa de su proceso con las AUC manifestando, como es obvio, franco desacuerdo, porque ello obstaculiza el proceso, que ha tenido según él, importantes avances; si bien, él mismo está hablando del  rearme de los paramilitares (nunca hubo un desarme real), y la publicación de listas negras, que no han dejado de aparecer en lo que lleva el proceso.

Esta consideración de Uribe responde directamente a la pataleta de los paramilitares que se negaron a continuar confesando sus crímenes en tanto no se resuelva su situación jurídica.

Contrario a esto, las victimas de los paramilitares ya sea por amenazas, por la expulsión de sus tierras o por la muerte hiperviolenta de sus familias, no reciben ningún beneficio, ni ninguna apelación o revisión que merezca la pena desde el punto de vista legal por parte del ejecutivo. Ahora además de todo deben padecer el rigor de la pataleta de los paras que al negarse a declarar perpetúan la zozobra de no saber dónde están sus seres queridos enterrados.

Todo indica que la Corte Suprema de Justicia se está constituyendo en un verdadero obstáculo contra las intenciones del Ejecutivo