Legisladores mexicanos contra embajador colombiano
Por: Antonio Robles Aguirre/ ABP México

La propuesta de la senadora mexicana Rosario Ibarra –conocida por su trayectoria como defensora de los Derechos Humanos en México—ante el Senado de la República para que sea aprobado un punto de acuerdo donde esta órgano legislativo exija al gobierno mexicano el retiro de la aceptación a Luis Camilo Osorio Isaza como embajador de Colombia en México, ha gozado de aceptación entre senadores de diversas facciones parlamentarias.

El Punto de Acuerdo leído por Rosario Ibarra ante el pleno del Senado  el pasado martes 13 de noviembre, propone también que México se sume al grupo de países que apoyan el intercambio humanitario de prisioneros entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP) y el Estado colombiano, así como el apoyo a una salida política para el conflicto armado que vive Colombia.

La redacción que contextualiza esta propuesta de punto de acuerdo –aparecida en la Gaceta del Senado como introducción al punto de acuerdo— revela los motivos que impulsaron a Rosario Ibarra y otros legisladores mexicanos a solicitar el retiro del actual embajador de Colombia en México del cargo que ejerce.

Tras las declaraciones del vicepresidente colombiano, Francisco Santos, del fiscal general de aquél país, Mario Iguarán y  del consejero del presidente colombiano Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, en el foro Derechos Humanos, base para el Progreso en México y Colombia, organizado el pasado 1 de octubre por el Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México (la misma institución que cuenta en su nómina de profesores a José María Aznar), académicos, personalidades de la vida cultural y política de México, así como representantes de partidos políticos y organizaciones sociales manifestaron públicamente su descontento por la “actitud injerencista” de los funcionarios colombianos en nuestro país.

Especial descontento generaron las declaraciones del vicepresidente Santos, quien afirmó que Colombia “mantiene agentes encubiertos en territorio mexicano” para labores de espionaje y que el gobierno de México “debería replantearse el paradigma de soberanía nacional”, es decir, que debería permitir la operación de cuerpos militares colombianos y estadounidenses en su territorio sin pedir cuentas a nadie.

La cargada de Santos en México tenía antecedentes inmediatos. Previo a su llegada a México, de paso por Estados Unidos, Santos concedió una entrevista a la televisora mexicana Televisa; en ésta, el vicepresidente arremete contra los organismos de seguridad y las leyes mexicanas pues, según él, permitirían la operación de grupos insurgentes colombianos en México.

Visiblemente exaltado, Santos advierte que su gobierno ya tiene la información precisa de los lugares donde se reúnen los “círculos de estudio bolivarianos” que, dice, habrían ayudado a la “radicalización” de “grupúsculos antes inofensivos que ahora atentan contra PEMEX”, en abierta alusión al EPR, grupo guerrillero mexicano que ha saboteado varios ductos de Petróleos Mexicanos en lo que va del año.(http://www.youtube.com/watch?v=¡_4LsW68u4y)

El tono amenazante de Santos y la reiteración sobre la supuesta presencia de la insurgencia colombiana en México (este ha sido un tema recurrente de Uribe en las relaciones bilaterales con varios países, México entre ellos), atizaron el descontento entre mucha gente de la política mexicana. Sin embargo, esta no es la primera vez que la insistencia del gobierno colombiano en esos temas le genera inconvenientes diplomáticos con México.

 Hace tres años, ante la acusación del gobierno colombiano de que en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estaría ubicada una “oficina clandestina” de las FARC, el mismo rector de la máxima casa de estudios, Juan Ramón de la Fuente, salió a exigir respeto por parte del gobierno de Uribe hacia la Universidad. La respuesta del rector ante los señalamientos del gobierno colombiano señalaba que en la UNAM no había ninguna oficina de grupo armado alguno, y que no estaba dispuesto a permitir la persecución de ningún universitario –menos aún por el gobierno de otro país— por declarar su simpatía por una organización político militar que sólo opera dentro de los límites geográficos de Colombia.

Actualmente, la tensión diplomática generada por las declaraciones de Santos, Iguarán y Gaviria (la canciller mexicana, Patricia Espinosa, salió a hacer contradeclaraciones que a su vez fueron desestimadas por Santos e Iguarán) se agrava ante las revelaciones de que el embajador colombiano en México, Luis Camilo Osorio,  es señalado en su país por encubrir a Salvador Arana, ex gobernador del departamento colombiano de Sucre y ex embajador de Colombia en Chile, quien ha sido acusado de crear y financiar grupos paramilitares y hoy está prófugo de la justicia.

Tampoco sería la primera vez que Osorio se encuentra envuelto en temas de la llamada narco-para-política en su país. Desde que dejó el cargo de Fiscal General de la Nación –y aún siendo titular en activo de esa dependencia— comenzaron a salir a la luz múltiples acusaciones por encubrimiento a paramilitares y a funcionarios del gobierno uribista vinculados a estos grupos.

Osorio ha sido señalado por desestimar pruebas que vinculaban a funcionarios estatales colombianos con el financiamiento y equipamiento de grupos paramilitares, así como por desmembrar el organismo de la fiscalía encargado de investigar las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia. A eso se le suman los señalamientos de favorecimiento de paramilitares y prevaricato, pues proporcionó información privilegiada a Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quien se comprobó el haber permitido la infiltración de los paramilitares en dicho organismo de seguridad.

El Plan México

La entrada en vigor de la llamada Iniciativa Mérida (Plan México), acuerdo de asistencia militar y financiera de Estados Unidos hacia México para el fortalecimiento del perímetro de seguridad nacional estadounidense, también ha venido a complicar la situación. La insistencia del gobierno colombiano en el “combate al terrorismo” y de Estados Unidos en el mismo sentido, hacen pensar en un proyecto contrainsurgente a nivel continental que, a semejanza del Plan Cóndor de los años 70 del siglo XX, permitiría la persecución de disidentes en toda América Latina.

La participación del gobierno colombiano de Uribe Vélez en este plan disfrazado de “guerra contra el narcotráfico” (el propio Uribe ha sido puesto por los organismos de seguridad estadounidenses en una lista de funcionarios vinculados al negocio del tráfico de drogas), hace dudar de la supuesta intención del gobierno de Estados Unidos en el combate al tráfico de estupefacientes.

En este contexto, muy mala ha sido la recepción en México de las declaraciones de los tres funcionarios del Gobierno de Uribe Vélez.

El celo soberanista de México se hizo célebre durante buena parte del siglo XX, pues el sentimiento antimperialista arraigado entre el pueblo mexicano a raíz de los reiterados intentos intervencionistas estadounidenses ha permitido que exista una genuina preocupación a nivel popular por la no intervención extranjera en los asuntos internos.

Esto ha jugado en contra del actual gobierno colombiano, pues su actitud de presión sobre el gobierno mexicano y su franca intervención en política nacional –sobre todo en lo que respecta a la relación entre México y Estados Unidos— es mal vista por gran parte de la gente que está al tanto de la política nacional.

Así, se tiene la impresión de que los legisladores mexicanos que apoyan la remoción de Osorio como embajador de Colombia en México,  también apoyan el rechazo a las políticas de intervención estadounidenses contra América Latina en general y contra México en particular.