Julio 16 de 2007

El paraembajador Luis Camilo Osorio y la aplicación del Plan Colombia en México
Por: Ricardo Jara / ABP México

Recién concretado el fraude electoral del 2 de julio de 2006 –que llevó a la presidencia de México a Felipe Calderón– se entabló una excelente relación entre los gobiernos de Colombia y México, orientada desde la Casa Blanca, con la finalidad inmediata de trasladar las experiencias contrainsurgentes de Colombia a México (Plan Colombia y  política “Seguridad Democrática”) y relanzar el Plan Puebla Panamá, ahora con la inclusión de Colombia.

Los primeros pasos están dados: el narcoparapresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, envió a México, desde finales del año pasado, al embajador Luis Camilo Osorio Isaza, connotado paramilitar y quien hoy enfrenta tres procesos judiciales en su país relacionados con el escándalo de la narcoparapolítica. Es bien sabido que durante su gestión como Fiscal General de la Nación en Colombia (2001-2005), Osorio fungió como alcahuete y promotor del paramilitarismo, figurando entre sus principales fechorías el encubrimiento al famoso criminal de guerra Rito Alejo Del Río.

Desde la llegada del ex fiscal colombiano a México, la injerencia de éste en asuntos de política interna ha sido una constante. El embajador colombiano ha servido como altavoz y apologista del ilegítimo gobierno de Calderón y su política represiva, la cual ha llevado a nuestro país a la militarización y al estado de excepción por la vía de los hechos.

Empleando el mentiroso discurso del “combate al narcotráfico y la delincuencia organizada”, en conferencia de prensa en enero pasado Osorio tuvo el cinismo de decir que en México hay un proceso de “colombianización buena” y que “Colombia puede su un laboratorio útil para México en su combate al narcotráfico”. Lo que Osorio Isaza llama “colombianización buena” es el empleo del ejército para labores exclusivas de la policía e instancias del orden civil, y aquello de que “Colombia puede ser un laboratorio útil a México” es un provocador ofrecimiento para que se adopte en México el modelo contrainsurgente que los EU han diseñado para Colombia.

Pero las intromisiones del gobierno colombiano y su paraembajador no paran ahí. También ha buscado criminalizar la solidaridad de ciudadanos mexicanos con las luchas del pueblo colombiano, relacionándolo con actividades ilícitas como el lavado de dinero mediante declaraciones infamatorias realizadas a la prensa mexicana por el vicepresidente Francisco Santos.

El pasado 10 de mayo, El Universal publicó supuesta “información de inteligencia” -otorgada por el gobierno colombiano al diario mexicano– que evidenció el espionaje realizado por los agentes de Uribe y Osorio en territorio mexicano. No sobra decir que dichas acciones son violatorias de la soberanía nacional y que ponen en entredicho la legalidad de la embajada colombiana en México.

A principios de junio pasado el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Silvestre Reyes, declaró que el gobierno mexicano pidió al de EU ayuda para combatir al narcotráfico “al nivel” del Plan Colombia. La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar, y en menos de 24 horas, el embajador de México en EU, Arturo Sarukhán, negó rotundamente que en México se quiera aplicar un Plan Colombia.

La declaración de Silvestre Reyes resultó un tanto escandalosa para la oligarquía mexicana, pues puso al descubierto su conspiración con el gobierno estadounidense para aplicar en México un plan militarista como el que se aplica en Colombia desde el año 2000. La más mínima asociación que se haga entre las iniciativas de “Seguridad Nacional” en México con el Plan Colombia pone los pelos de punta a los gobernantes y oligarcas de este país, pues es bien conocido en el mundo que el Plan Colombia es un plan para la guerra y que ha sido el complemento bélico para aplicar megaproyectos económicos como el ALCA y los Tratados de Libre Comercio en total detrimento de los pueblos de la región.

Sin embargo, la “Iniciativa de Seguridad Regional” –ahora mejor conocida como Plan México– ya estaba anunciada desde mayo pasado por el Dallas Morning News y prevé incluir también a países centroamericanos.

Las notas periodísticas del diario estadounidense mantienen en el anonimato la mayoría de sus fuentes y no revelan información detallada.

Esta situación recuerda cuando en los años 1998-1999 el Plan Colombia era diseñado en el Pentágono, presentado en el Congreso de los EU y anunciado por la prensa del mismo país, mientras el cipayo gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana realizaba viajes a Washington con la única finalidad de obtener las últimas orientaciones para su aplicación en Colombia.

Para fortuna de los colombianos, en la nación suramericana existen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) y todo un asombroso andamiaje de organización popular capaz de responder exitosamente a la infausta intervención gringa en aquel país. El rotundo fracaso del Plan Colombia y sus subsecuentes fases como el “Plan Patriota”, son prueba fehaciente de ello.

Por lo que respecta a los mexicanos, debe quedarnos claro desde este momento que el Plan México es intervención gringa, es un plan militarista y recolonizador, es un plan para la guerra preventiva y de contención ante inminentes estallidos sociales en nuestro país.

Es hora de que las personas, organizaciones sociales, partidos políticos y revolucionarios mexicanos volteen la mirada al sur, pero sin olvidar que en el mapa de América también está Colombia. Que en los análisis y discusiones políticas sobre las gestas libertarias de Nuestra América no falte más Colombia y su importante aporte en la lucha continental contra el imperialismo y las oligarquías.

Es una necesidad objetiva aprender de la experiencia colombiana y de la exitosa aplicación de TODAS las formas de lucha en aquel país para hacer frente al Plan México y demás planes que pretendan atentar contra los intereses de nuestro pueblo.

Repudiar la presencia del para embajador Luis Camilo Osorio en México, respaldar la demanda de un Canje de Prisioneros entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, así como exigir la renuncia de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia, por ilegal e ilegitimo, pueden ser un buen comienzo.