Julio 16 de 2007

Ponencia presentada en el foro de denuncia “Paramilitarismo y violación a los Derechos Humanos en Colombia. El caso del embajador Luis Camilo Osorio Isaza”.

1. Por qué estamos en este foro de denuncia.

El conflicto social y armado que vive Colombia desde hace más de 40 años atraviesa en este momento por una profunda crisis, provocada principalmente por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el imperialismo estadounidense.

El régimen colombiano ha optado totalmente por la guerra y el militarismo, obstaculizando las soluciones políticas y diplomáticas al conflicto. Además, para mantener sus privilegios la oligarquía colombiana se ha coludido completamente con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Por su parte, el gobierno de los EU, en su afán por convertir a Colombia en un enclave colonial para afianzar sus planes hegemónicos a escala continental, ha incrementado sustancialmente su injerencia en aquel país y en la región andino-amazónica durante los últimos 8 años. El Plan Colombia, el Plan Patriota y la Iniciativa Regional Andina son proyectos bélicos destinados a derrotar la ola revolucionaria que se levanta en la región, ola encabezada por la insurgencia colombiana (principalmente las FARC-EP), la Revolución Bolivariana de Venezuela y los movimientos populares de Ecuador y Bolivia.

Ante esta situación es preciso enarbolar los principios de la solidaridad, el antiimperialismo y la unidad de los pueblos de Nuestra América. En el caso colombiano, particularmente, es más urgente que nunca convertir la solidaridad internacional en un factor que ayude a impulsar la solución política del conflicto, y para ello es necesario retomar y acompañar esfuerzos como los realizados en México y otros países del mundo en años recientes.
 
En julio de 2001, se efectuó el “Primer Encuentro Internacional de Solidaridad y por la Paz en Colombia y América Latina” en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Ese evento fue  auspiciado por un gran número de organizaciones sociales, de defensa de los derechos humanos, partidos políticos y personalidades con reconocimiento internacional en el ámbito intelectual y artístico.

Para el 2002 se realizó el “Segundo Encuentro Internacional…”, en la Ciudad de México. Los internacionalistas mexicanos participantes en dicho Encuentro decidimos conformar el Movimiento Mexicano de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano (MMSLPC), para dar continuidad a las resoluciones de ambos eventos internacionales y con la intención de impulsar la solidaridad activa con Colombia y los pueblos del continente.

En marzo pasado se realizó, en la Ciudad de México, el “Primer Encuentro Nacional de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano”, al que asistieron 170 delegados de 10 entidades del país y representantes internacionales de Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Portugal y República Dominicana.

En dicho “Encuentro Nacional...” se tomaron, entre otras, las siguientes resoluciones: 1) Propugnar por la conformación de un Nuevo Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional en Colombia, 2) Apoyar la demanda humanitaria, nacional e internacional, a favor de un Canje de Prisioneros entre las FARC y el gobierno colombiano, 3) Luchar por la libertad de los revolucionarios latinoamericanos encarcelados en los EU: Sonia, Simón Trinidad y los cinco héroes antiterroristas cubanos, y 4) Apoyar la creciente demanda del pueblo colombiano por la renuncia del presidente Álvaro Uribe Vélez, por ilegal e ilegítimo.

Como resolución especial del “Encuentro Nacional...” se acordó impulsar una campaña nacional de denuncia y rechazo a la presencia en México del embajador colombiano Luis Camilo Osorio Isaza, “por ser ampliamente reconocido [en Colombia] como uno de los máximos promotores del proceso de impunidad que gozan narcotraficantes y paramilitares; por representar en nuestro país al régimen dictatorial de Uribe; y por ser pieza clave en la concreción de acuerdos, establecidos entre el presidente colombiano y Felipe Calderón, para aplicar en México la política de ‘Seguridad Democrática’”.

 2. Luis Camilo Osorio Isaza y el paramilitarismo colombiano.

Desde hace años, numerosas denuncias, investigaciones académicas e informes de derechos humanos han señalado la responsabilidad del Estado en el surgimiento y desarrollo del paramilitarismo en Colombia. En ese sentido, por ejemplo, el sacerdote jesuita Javier Giraldo ha definido el paramilitarismo como un “brazo clandestino e ilegal del Estado” . Por su parte, los insurgentes  de las FARC han denunciado reiteradamente que “el paramilitarismo es una estrategia contrainsurgente de Estado”.

En los últimos meses, la crisis de la narcoparapolítica colombiana ha confirmado irrefutablemente esos señalamientos.  Varios ministros del gobierno uribista han sido acusados de tener relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico; y lo mismo ha ocurrido con numerosos congresistas, jueces, alcaldes, gobernadores, generales, embajadores, etc., además de hombres de negocios, ganaderos, latifundistas e inversionistas extranjeros.

El sr. Luis Camilo Osorio Isaza, actual embajador de Colombia en México, es uno de los funcionarios colombianos investigados oficialmente por favorecer los intereses del paramilitarismo en su país. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de aquella nación inició tres procesos judiciales en su contra y lo ha hecho viajar a Colombia en calidad de acusado.

Debido a que las investigaciones que realiza la Comisión de Acusaciones están protegidas por la reserva sumarial, no se conoce con exactitud cuáles son los cargos contra Osorio, pero por informaciones periodísticas de México y Colombia se sabe que las acusaciones tienen que ver con delitos cometidos por el actual embajador en el período de 2001 a 2005, cuando fue Fiscal General de la Nación.

Más allá de las investigaciones oficiales que se le siguen, Luis Camilo Osorio es considerado por numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia y el mundo como uno de los fiscales que más colaboró con los paramilitares, pues no sólo les otorgó impunidad sino que incluso les facilitó el control directo de algunas secciones de la fiscalía.

Además, Osorio convirtió a la Fiscalía General de la Nación en un órgano de la represión y el terrorismo de Estado contra el pueblo colombiano: él o sus subordinados ordenaron numerosas detenciones masivas sin órdenes de captura, con base en delaciones, señalamientos de encapuchados, “informantes”, etc., negando a los ciudadanos las garantías al debido proceso y a la defensa de los derechos de los inculpados.

Asimismo, el sr. Osorio promovió la apertura de oficinas de la fiscalía en instalaciones militares, a despecho de la autonomía, imparcialidad e independencia judiciales.

Dos de los casos más notables de la colaboración de Luis Camilo Osorio con el paramilitarismo son: la protección que brindó al criminal de guerra y general retirado Rito Alejo del Río y el desmantelamiento de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación (UNDHFGN). En ambos casos, Osorio utilizó su autoridad para frenar investigaciones relacionadas con masacres y crímenes atroces cometidos por paramilitares al amparo del Estado colombiano.

El 9 de marzo de 2004, Luis Camilo Osorio precluyó la investigación contra el general ® Rito Alejo del Río por vínculos con el paramilitarismo. El general Rito Alejo del Río –a quien el presidente Álvaro Uribe llamó alguna vez “el pacificador de Urabá”– fue el artífice de la “Operación Génesis”, dirigida contra el 57 Frente de las FARC y que comenzó el 24 de febrero de 1997. En el transcurso de dicha operación, que duró más de un año, las comunidades afocolombianas, campesinas e indígenas de la región del Urabá antioqueño y del Bajo Atrato chocoano, en el noroccidente colombiano, fueron martirizadas por el terrorismo de Estado.

La XVII Brigada del ejército colombiano, al mando de Del Río, y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, cometieron, bajo la “Operación Génesis”, más de doscientos crímenes de lesa humanidad y cerca de 170 asesinatos, además de que provocaron el desplazamiento forzado de 3000 personas. Uno de esos crímenes, según el testimonio de un sobreviviente, ocurrió el 27 de febrero de 2007, cuando un grupo de militares y paramilitares le cortaron la cabeza al campesino Marino López y después jugaron un partido de futbol con ella .

Por esos gravísimos hechos la UNDHFGN abrió en agosto de 1998 una investigación contra el general Del Río, y poco tiempo después el presidente Andrés Pastrana llamó al general a calificar servicios. Además, en 1999 el Departamento de Estado de los EU canceló la visa al general colombiano por considerarlo implicado en actividades terroristas y tráfico de drogas.

La fiscal Margarita Lucía Luna, encargada de investigar al “pacificador de Urabá”, decidió ordenar la detención del criminal en julio de 2001, justo cuando Luis Camilo Osorio Isaza tomó posesión del cargo como Fiscal Genera. Sólo una semana después, Osorio criticó públicamente la decisión de la fiscal y despidió al Director de la UDHFGN; posteriormente, removió a la fiscal que había llevado el caso y, al final, decidió cerrar la investigación contra Rito Alejo del Río, argumentando que no había pruebas suficientes para probar los crímenes de ese general asesino.

Esa decisión, contraria a la justicia y humillante para el pueblo colombiano, evidencia la estirpe narcoparamilitar de Luis Camilo Osorio. Sin embargo, el ex Fiscal General de Colombia protegió a otros oficiales vinculados al  paramilitarismo, como el general de la Armada Rodrigo Quiñónez y el general Uscátegui; bloqueó la investigación de las masacres de Tibú, La Gabarra, Mapiripán y Chengue; e impidió el esclarecimiento del atentado contra el dirigente comunista Wilson Borja y del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien había sido amenazado por elementos de la Brigada XX del ejército.

Para hacer todo eso, Osorio desmanteló, como ya hemos dicho, la UNDHFGN: despidió a fiscales claves de ese organismo, varios de los cuales viven hoy en el exilio, y a otros los obligó a abandonar sus investigaciones.

Todo esto está ampliamente documentado por organismos defensores de los derechos humanos como Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y otras agrupaciones que gozan de prestigio y credibilidad a nivel internacional.

3. La injerencia de Luis Camilo Osorio en la política interna mexicana

Las semejanzas que existen entre el embajador Osorio y el régimen dictatorial al que representa, con el gobierno ilegitimo de Felipe Calderón son inmensas. Una vez consolidado el fraude electoral del 2 de julio de 2006 en México, Calderón y Uribe afianzaron una excelente relación binacional, siempre bajo el amparo y orientación de Washington. Los objetivos inmediatos: obtener asesoría colombiana en materia de contrainsurgencia, en concreto, trasladar la política de “Seguridad Democrática” a México  y reactivar el Plan Puebla Panamá, ahora extendido hasta Colombia.

Para el cumplimiento de estos objetivos Luis Camilo Osorio ha sido pieza clave.  Desde el comienzo de su gestión como embajador en nuestro país, Osorio ha sido un activo gestor y garante de encuentros entre altos mandos militares y policiales, así como de miembros directivos de los servicios de inteligencia y de procuración de justicia de ambos países.

Osorio ha llevado hasta Colombia a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, y de la Secretaria de Seguridad Pública Federal (SSP), Genaro García Luna, a entrevistarse con el presidente Uribe, el vicepresidente, los ministros del exterior y de defensa, los comandantes de las fuerzas militares y de la Policía Judicial Especial, el Fiscal General y los presidentes de la Corte y la Judicatura.

Pero las actividades del embajador colombiano no son estrictamente políticas y diplomáticas, sino que han quedado al descubierto, de manera cínica, las acciones de inteligencia y espionaje que el gobierno colombiano realiza en nuestro país, como lo reconoció el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, mediante una infamante declaración hecha el pasado 10 de mayo al periódico El Universal. No sobra decir que estas acciones significan una grave violación a la soberanía nacional y que presumiblemente han sido orquestadas desde la sede diplomática de Colombia en México.

La intromisión de Osorio en la política nacional es flagrante, no sólo ha procurado que se trate como criminales a mexicanos solidarios con las luchas del pueblo colombiano, sino que, además, no pierde oportunidad para aplaudir y justificar las medidas de corte represivo que se aplican actualmente en el país y que han conducido a la militarización de nuestra sociedad y la fascistización del Estado mexicano.

Empleando el mentiroso discurso del “combate al narcotráfico y la delincuencia organizada” Osorio declaró, en conferencia de prensa en enero pasado, que en México hay en ciernes un proceso de “colombianización buena” y que “Colombia puede ser un laboratorio útil para México en su combate al narcotráfico”, y, en un claro espaldarazo a Calderón, avaló que en México se emplee al Ejército para tareas exclusivas de la policía y demás instancias civiles.

En aquella ocasión el embajador Osorio también insistió en la necesidad de que el gobierno estadounidense se comprometa activamente en lo que él y el gobierno al que representa llaman “combate al narcotráfico”.

Con un lenguaje ambiguo y engañoso Osorio llama “coordinación internacional” a lo que en verdad es subordinación continental a los designios de la Casa Blanca. Ejemplo de ello es su activismo a favor de las extradiciones de nacionales a los EU, lo cual constituye una violación a la soberanía de los países en los que se aplica esta medida.

El pasado 8 de junio, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EU, Silvestre Reyes, declaró a la prensa que el gobierno mexicano pidió al estadounidense ayuda para combatir al narcotráfico “al nivel” del Plan Colombia. Inmediatamente después, el embajador de México en EU, Arturo Sarukhán, negó rotundamente que en México se quiera aplicar un Plan Colombia. A estas declaraciones sucedieron muchas otras –más bien cantinflescas– por parte de diversos funcionarios del gobierno mexicano y del embajador colombiano en México.

La agencia Notimex publicó el pasado 1 de julio las opiniones de Isaza sobre la tentativa de aplicar un símil del Plan Colombia en México, insistiendo en la idea de que “se requiere de la cooperación internacional” para combatir al narcotráfico, que los países deben “dejar de lado los celos de soberanía y ejercicios autónomos (…) para evitar perder la guerra [contra el narcotráfico y la delincuencia organizada]”

Lo que ahora se conoce como Plan México fue anunciado desde principios de mayo pasado por el diario estadounidense Dallas Morning News mediante una discreta nota que informaba de un acuerdo alcanzado por representantes de los gobiernos de México y EU para desarrollar una “Iniciativa de Seguridad Regional”, la cual también prevé la inclusión de varios países centroamericanos.

Pese a que los datos duros de esta “Iniciativa de Seguridad Regional” han sido ocultados por los gobiernos estadounidense y mexicano,  podemos estar seguros que lo que nos espera con la aplicación de modelos de seguridad diseñados en Washington: grandes sumas de dinero proveniente de los EU destinado a financiar a las fuerzas represivas del Estado, asesoría militar y armamento de punta, también proveniente de los EU, y, sin duda alguna,  mayor pérdida de soberanía.

Como promotor de la “coordinación internacional” entre México y EU en materia de seguridad, Osorio ha buscado convencer a la opinión pública mexicana de que el Plan Colombia es una estrategia “integral” contra el narcotráfico. Esa defensa del fracasado Plan Colombia –que aparentemente no tiene otro objetivo que el de “explicar” la política del gobierno colombiano– es parte de una campaña propagandística que busca restar eficacia a los argumentos de quienes nos oponemos a la aplicación en México de un proyecto semejante.

Por eso, es preciso insistir: el Plan Colombia es en realidad un plan para la guerra contrainsurgente y un proyecto bélico estadounidense para allanar el camino a megaproyectos económicos de saqueo y recolonización como el ALCA, los TLC y el Plan Puebla Panamá, cuyos únicos beneficiarios son las empresas transnacionales.
 
Para finalizar, expresamos nuevamente nuestro repudio a la presencia en México de Luis Camilo Osorio Isaza y nos sumamos a todas las iniciativas tendientes a buscar su salida de nuestro país. Coincidimos especialmente con quienes piensan que las autoridades mexicanas deben nombrar al embajador colombiano como  persona non grata, pues a juzgar por su historial como servidor público no tiene calidad moral para representar digna y legítimamente al pueblo colombiano en el exterior, con el agravante, además, de que su injerencia en asuntos de política interna viola la soberanía nacional y ofende al pueblo mexicano.

Ciudad de México a 12 de julio de 2007