A medida que crece la crisis institucional  del gobierno presidido por el ultra derechista Felipe Calderón en México, la represión contra del movimiento social se recrudece.
Recientemente, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que el Estado mexicano desapareció, en la ciudad de Oaxaca, a sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo; asimismo, anunció la reactivación de su actividad militar ante la guerra sucia.

Como respuesta, los cuerpos represivos del Estado mexicano se han ensañado con el movimiento popular civil, pacifico y legal, como la organización defensora de los Derechos Humanos (DH) Comité Cerezo, cuyos integrantes han sido objeto de constantes amenazas, hostigamiento y persecución. Además de esto, el gobierno mexicano está en espera de mil 200 millones de dólares de los EU para la aplicación de un proyecto semejante  al Plan Colombia, es decir, el Plan México.

La Agencia Bolivariana de Prensa entrevistó a Francisco Cerezo Contreras, luchador social e integrante del Comité Cerezo, para conocer la opinión y perspectiva de los defensores de Derechos Humanos en México. He aquí sus palabras.

Agencia Bolivariana de Prensa (ABP): ¿En qué año y por qué razón fundan el Comité Cerezo?

Francisco Cerezo: Nosotros nacimos en 2001, a raíz de la detención de tres de mis hermanos, Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos fueron acusados de haber puesto petardos en bancos de Banamex y detenidos el 13 de agosto, cinco días después del atentado. Fueron detenidos arbitrariamente, torturados –para que firmaran un documento donde se hacían responsables de la explosión de los petardos– y enviados a un penal de alta seguridad (en México sólo hay cuatro penales de alta seguridad y las condiciones ahí son bastante agresivas contra los reclusos, sobre todo si son presos políticos o de conciencia).

Básicamente, nosotros nacimos para defender su caso, para informar quiénes eran en realidad mis hermanos –que no habían sido los responsables de los petardos de Banamex– y lograr su libertad.

- ¿En qué condiciones trabajan actualmente los defensores de los Derechos Humanos en México,  incluidos ustedes?

Bueno, ahora se han agudizado los ataques en contra de defensores de DH. Uno de los principales ataques fue el asesinato de Digna Ochoa –quien fue abogada de mis hermanos–, que llevaba la defensa de muchos casos ligados con violaciones a DH cometidos por militares. Ella fue asesinada el 19 de octubre de 2001. Después de eso, por el escándalo que se hizo, hubo un periodo de relativa calma en el trabajo de los defensores. Con la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, se ha derechizado aún más la política: a los defensores ni siquiera se les reconoce ese carácter y se está criminalizando su actividad, ligándola con grupos armados insurgentes o con la defensa de delincuentes.

- ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de que México está en un proceso de colombianización?

El concepto de colombianización ha dado mucho de qué hablar y cada quien lo expresa desde su punto de vista. Usualmente, a México se le acusa de colombianización aludiendo a un proceso en que los grupos insurgentes y el narcotráfico se alían para desestabilizar el país. Nosotros llamamos colombianización al proceso en el cual el Estado comienza a recibir millones de dólares, asistencia militar, técnica y policíaca      –supuestamente para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada–, para  perseguir a luchadores sociales, atentar contra defensores de DH y militarizar el país, en síntesis, para combatir el descontento que existe en México por las condiciones miserables de millones de personas.

- En días recientes estuvieron en México Francisco Santos y Mario Iguarán             (vicepresidente y fiscal general de Colombia, respectivamente) promoviendo el Plan Colombia -que se aplica en aquel país desde el año 2000-, justo cuando se pretende implementar un modelo contrainsurgente similar en nuestro país. ¿Qué opinión les merece esto?

Yo creo que, siendo mexicanos, deberíamos aplicarles el artículo 33 , es decir. Estas personas no pueden inmiscuirse en asuntos de política interna mexicana. no se les debería permitir opinar sobre asuntos internos de México.

Al parecer, por incapacidad del gobierno mexicano, tienen que importar gente que ya conoce el Plan Colombia -que ahora se va a implementar en México- para dar lecciones sobre violación a DH; para dar lecciones de lo que hoy el pueblo colombiano está sufriendo por intentar que en su país haya una democracia plena y no nada más una democracia demagógica, donde la violación a los DH es la situación más particular y agravante que sufre el pueblo colombiano.

Nosotros repudiamos que funcionarios de gobiernos acusados de violaciones a los DH vengan a México supuestamente a darnos lecciones sobre respeto a los DH, cuando sabemos que el Plan Colombia –y el Plan México para el caso de nuestro país-  solamente sirven para financiar el combate estatal contra la lucha y el descontento popular.

- Actualmente el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio Isaza, enfrenta tres procesos penales relacionados con el escándalo de la narcoparapolítica. ¿Qué opinión tienes sobre esto?

FC: Nosotros creemos que se deben de juzgar todas las violaciones a los DH que se han cometido en Colombia y en cualquier parte del mundo; y eso también incluye una investigación a fondo de todos aquellos que sirviéndose del poder del Estado han violado los DH.

Sabemos que en Colombia el grado de represión que existe es tremendamente elevado en comparación con México. En nuestro país no hay, por el momento, tantos asesinatos, desparecidos y detenidos políticos; pero, evidentemente, creemos que, por legislación internacional, deben ser juzgados todos aquellos que cometan violaciones a los DH.

- ¿Qué mensaje le envías a los lectores de la Agencia Bolivariana de Prensa y a nuestros compañeros de la Coordinadora Continental Bolivariana?

Pues, básicamente, que nosotros pensamos que la defensa de los DH es una de las herramientas más importantes en la lucha que libran los pueblos, en la lucha para que los gobiernos no violen las garantías que todos tenemos.

En este sentido creo que es válido coordinarse con absolutamente todos los pueblos para denunciar y lograr que sean castigados todos los violadores y genocidas, todos los delincuentes de lesa humanidad, en aras de lograr una América libre, donde todos los pueblos pertenecientes a este continente gocemos de una democracia plena.