Reprime policía militar mexicana fiesta popular en Oaxaca
Por: ABP México

Tras llevar a cabo la primera parte de su Guelaguetza popular en la Plaza de la Danza, aproximadamente 10 000 manifestantes pertenecientes Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron inicio a una movilización pacífica hacia el Cerro del Fortín, foro de la ciudad de Oaxaca donde se celebra año con año esa fiesta tradicional.

 En el camino al Cerro, fueron detenidos por una valla de elementos de la policía estatal, la Policía Federal Preventiva (PFP, policía militar) y provocadores vestidos de civil mezclados entre la multitud y apostados en el Hotel Fortín Plaza.

Los dirigentes de las organizaciones que participaban en la movilización formaron varias comisiones para intentar dialogar y llegar a algún acuerdo con los encargados del operativo policiaco y con Aristeo López Martínez,  coordinador general de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal. Como única respuesta, los manifestantes recibieron la primera embestida policial del enfrentamiento que se prolongó por más de tres horas (de las 11 a 13 horas, aproximadamente).

La Guelaguetza, cabe señalar,  es una fiesta tradicional oaxaqueña muy arraigada entre las clases populares. La celebración oficial de esta festividad corre a cargo del gobierno del estado, y ha derivado en un evento meramente comercial diseñado para turistas, carente de su sentido original de convivencia entre los pueblos de las regiones que conforman el estado de Oaxaca. La APPO y el magisterio celebran una Guelaguetza donde se intenta reivindicar su carácter original de convivencia comunitaria y popular.

Según información de varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos mexicanas, las cifras de lesionados en el enfrentamiento ascienden a 100, dos de ellos heridos de gravedad; así como un total de 60 detenidos que, tras haber sido golpeados y vendados de los ojos, ya fueron trasladados a diversos penales de la entidad. También se habla de un número aún no determinado de desaparecidos y al menos cinco periodistas agredidos por los cuerpos policiacos.

El gobierno oaxaqueño ha intentado minimizar el conflicto de la entidad diciendo que lo del lunes 16 fue apenas una “reyerta con 200 radicales” de la APPO. En realidad esta ha sido la política manejada por los gobiernos estatal y federal, quienes destinaron fuertes cantidades de dinero en la campaña propagandística que a lo largo del año ha intentado disfrazar el conflicto bajo la apariencia de “normalidad y paz”.

No obstante, la APPO lejos de desaparecer parece más fogueada y mejor organizada, así como firme en su demanda central: la salida del actual gobernador de la entidad, Ulises Ruiz.

La peligrosa militarización de Oaxaca

Desde hace aproximadamente una semana, unidades del ejército mexicano fueron destacadas en labores de resguardo propias de la policía antimotines. El Cerro del Fortín, recinto al cual se dirigía la movilización de este lunes 16, es custodiado por cientos de efectivos militares.

Bajo el pretexto de resguardar los inmuebles que alojan la Guelaguetza comercial de un “posible ataque terrorista”, el gobierno mexicano ha otorgado facultades policiacas al ejército.

Mientras tanto, el secretario de gobernación de Felipe Calderón, Francisco Ramírez Acuña – conocido en el país por su pertenencia al grupo clandestino de ultraderecha El Yunque- ha dicho que los organismos de inteligencia del Estado requieren mayor presupuesto urgentemente, pues con el actual les resulta imposible prever y evitar actos como las explosiones de varios ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que la semana pasada reivindicó el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Estas declaraciones se dan cuando la prensa mexicana difunde la noticia de que Felipe Calderón solicitó a Estados Unidos la aplicación de un Plan Colombia para México, recursos económicos y militares que serían utilizados  para “combatir al narcotráfico y al terrorismo internacional”. Esta fraseología, utilizada por los miembros del gabinete de seguridad de Calderón, parecen ser señales de subordinación ante la política “antiterrorista” de la Casa Blanca.

La noticia coincide con la activa labor propagandística del embajador colombiano en México, Luis Camilo Osorio Isaza, quien es requerido por los organismos de justicia de su país, donde se le acusa de tener vínculos con paramilitares.

Osorio ha participado en varios foros de “seguridad” llevados a cabo por instituciones y universidades privadas con el apoyo del gobierno de Calderón. Ahí, el embajador colombiano ha dicho que le parece muy pertinente la aplicación de un Plan Colombia para México.