El gran desafío
Por Juan Diego Garcia/Colombia

La derrota del presidente Chávez en el referendo del pasado domingo da muchas alas a la derecha nacional e internacional opuesta al proceso revolucionario bolivariano, entre otras cosas porque demuestra la enorme eficacia de los métodos ya probados y conocidos de asedio, generación de caos, provocación de una crisis general y derrocamiento de las fuerzas populares ya sea en las urnas o directamente mediante la violencia.

Estos métodos, que en Chile resultaron muy eficaces habían sido hasta ahora poco efectivos en Venezuela. Por tal motivo la victoria sobre Chávez (aunque sea exigua) envalentona a la derecha y es muy probable que intensifique sus esfuerzos por desestabilizar el país hasta lograr sus propósitos. Esto es así porque la adhesión sincera de Chávez a la legalidad no es correspondida por la burguesía que tiene una idea puramente instrumental de la democracia: se respeta si favorece; se desconoce en caso contrario. Según esta lógica perversa los resultados solo se aceptan si Chávez pierde; si gana, se desconocen y se llama entonces al desorden callejero o directamente al golpe militar.

Desde el mismo momento en que Chávez comenzó a dar cumplimiento a su programa de reformas se puso en marcha la estrategia de desestabilización del país. Para ello se ha hecho uso de todo tipo de armas, entre las cuales una resulta definitiva: el poder económico de las clases dominantes. En efecto, a la reforma agraria se responde con la violencia de los latifundistas contra el movimiento campesino sin que falten los grupos de matones y la misma presencia de paramilitares colombianos, expertos en la materia. Se organiza adecuadamente la fuga de capitales y la no inversión o directamente el abandono de las empresas, generando desempleo al tiempo que se denuncia la mala atmósfera existente y el negro futuro que le espera a la iniciativa privada. Se echa mano de la huelga empresarial, del sabotaje a los planes gubernamentales dificultando por ejemplo la construcción de vivienda popular o los sistemas de crédito a los pequeños empresarios. Se recurre al acaparamiento de productos de primera necesidad generando desabastecimiento y a renglón seguido se culpa al gobierno de la situación. Se desata una campaña de propaganda negra desde unos medios de comunicación en manos de los grandes empresarios locales cuando no directamente de multinacionales de la comunicación. Se predica desde los púlpitos difundiendo rumores macabros e induciendo a los fieles a votar por la derecha, utilizando mentiras monstruosas acerca de la pérdida de la propiedad personal y la potestad sobre los hijos, que no por viejas dejan de resultar efectivas. En Cuba se hizo lo mismo y consiguieron engañar a miles de familias para enviar a sus pequeños a los Estados Unidos (la operación “Peter Pan”); en el Chile de la Unidad Popular convencieron al público poco informado y -por absurdo que parezca- que razón de la escasez de tabaco en los expendios no era otra que su envío a Cuba….uno de los primeros productores mundiales. Nada extraño si se recuerda que después de la derrota francesa en Viet-Nam, las autoridades colaboracionistas del sur convencieron a miles de familias católicas de abandonar el norte porque “la Virgen María se había trasladado al sur” o, más recientemente, que una buena parte de la opinión pública de los Estados Unidos haya creído por mucho tiempo que Sadam Hussein derrumbó las Torres Gemelas (no pocos lo siguen creyendo todavía).

La derrota del domingo es, en parte, fruto de esa estrategia. Pero sin duda, también lo es de los errores cometidos por los revolucionarios venezolanos tanto en la campaña como en general frente a la política desestabilizadora de la burguesía. En este sentido el gran desafío para el movimiento bolivariano no es otro que mantenerse dentro de la legalidad vigente y al mismo tiempo avanzar hacia su meta socialista, es decir, el mismo reto que enfrentó Allende de construir el socialismo por métodos pacíficos y ateniéndose a  unas reglas del juego elaboradas para preservar los privilegios de la clase dominante.

Por fortuna para los venezolanos las condiciones no son las mismas de Chile y sería demasiado fácil y hasta mecánico deducir que al proceso venezolano le espera el mismo final sangriento que a la Unidad Popular tan solo por moverse dentro de la legalidad burguesa. De hecho, la actual constitución da un margen bastante cómodo para seguir avanzando en los programas del gobierno y la riqueza petrolera ofrece al estado recursos generosos para financiarlos.

Sin embargo, sería ilusorio pensar que el control del petróleo es suficiente. En la práctica, la burguesía criolla mantiene el control sobre muy buena parte de la economía y lo ha estado usando para minar las bases del proyecto bolivariano. Sería una ingenuidad pensar que su triunfo del domingo le hará desistir de continuar en la conspiración, llevar el desorden a las calles y sobre todo de no utilizar sus controles sobre los resortes de la economía del país para intentar someter a Chávez (ahora hablan de diálogo, acuerdo nacional y una Venezuela “donde cabemos todos”), desvirtuar sus reformas, impedir el avance al socialismo y si todo esto falla,  colapsar el país y llamar a los cuarteles o a los mismos marines para que vengan a “salvar la patria”.

El propio presidente Chávez anuncia que emprenderá la rectificación de los errores que han llevado a la derrota electoral del 2 de diciembre. Al parecer, tres serían los frentes básicos de una estrategia de rectificación de errores: combatir a fondo la corrupción, avanzar en la estructuración de una burocracia nueva y responder a los ataques del capital, medida por media. Para acometer estas tres tareas no tiene que salirse de la ley, esa que tanto dice acatar ahora la derecha, la misma que no quería ver reformada.

En efecto, en el marco de la legislación vigente el gobierno bolivariano puede emprender una lucha a fondo contra la corrupción (la tradicional y la nueva) transformando las viejas estructuras administrativas, institucionalizando las “Misiones” y sobre todo impulsando la participación popular a todos los niveles -por cierto el mecanismo más idóneo para conseguir la transparencia y la eficacia de los burócratas. La población  es el mejor control de los corruptos-.

Con la ley en la mano, el presidente Chávez puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora para asegurar a los campesinos contra la violencia de los latifundistas garantizando así el feliz desarrollo de la reforma agraria; puede intervenir y hasta nacionalizar por motivos de beneficio público los monopolios de la distribución y sanear los canales públicos de acceso a los artículos de primera necesidad; no tendría mayores problemas legales para cortar de raíz la fuga de capitales y el abandono de las empresas; tampoco para someter al capital financiero (con expropiaciones si es necesario) a fin de asegurar entre otros, que el crédito a los pequeños empresarios se realice y la financiación de los programas de vivienda popular se hagan. Nada impide al presidente venezolano aplicar la legislación vigente a los monopolios de la comunicación y exigir veracidad, seriedad y profesionalismo. Por mucho menos de lo que suelen decir, casi todos esos medios privados de comunicación serían multados, suspendidos y hasta cerrados de inmediato en Estados Unidos o Europa.

Sin apartarse una coma de la ley actual el presidente Chávez puede poner fin enérgicamente a las aventuras conspirativas de ciertos sectores civiles y militares que actúan muchas veces con una impunidad total. Esos círculos nunca van a entender una actitud generosa y liberal más que como prueba de la debilidad del gobierno.

Sin renunciar a una sola coma de sus proyectos, el presidente Chávez  puede avanzar hacia un socialismo a la venezolana. La pérdida de una batalla -una sola en casi una década- le permite al mandatario revisar su propia estrategia y prepararse para el gran desafío de mantener la democracia al mismo tiempo que desmantelar siglos de miseria, opresión y humillación nacional. La lección de Allende y su pueblo no habría sido en vano y el pobrerío de todo el continente mantendría sus esperanzas en el proceso bolivariano como si fuera el propio. Recuperar esos tres millones y medios de ciudadanos que el domingo no acudieron a las votar es una condición indispensable para el futuro del proyecto, sobre todo si se les convida a la dura batalla contra los privilegios, la pobreza y la dependencia, es decir, contra el capital. Ese es el enemigo principal no solo del pueblo venezolano sino de la democracia en general. El marco legal vigente no es socialista pero si permite al presidente Chávez avanzar hacia él. Que ese tránsito sea pacífico o no, dependerá únicamente de la actitud de las oligarquías criollas y sus sectores asociados. Eso es al menos lo que se desprende de esta jornada dominical en Venezuela y el gran desafío que se afronta.