Julio 25 de 2007

en Sucre, las contrataciones fraudulentas de las que antes los politiqueros se enriquecían pasaron de manera más directa a financiar las acciones de guerra sucia contra el pueblo. Empresas de servicios públicos, hospitales, IPS, EPS, alcaldías y gobernaciones, institutos, etc. fueron saqueados para inflar las arcas de los oligarcas y para financiar el paramilitarismo.

Ahora, el Fiscal General de la Nación y el Procurador están encabezando el proceso, supuestamente, de investigación de la narco-para-política, pero habría que recordar que hace algunos años la procuraduría sacó en “limpio” al asesino García Romero (El Gordo garcía); y también en su momento la fiscalía terció a favor del paramilitarismo como ocurrió con la defensa de Rito Alejo del Río.

Es necesario decir que la rama judicial ha tenido funcionarios favoreciendo de manera asquerosa al paramilitarismo y sobre todo a estos politiqueros bandidos: De esto, como ya se dijo, no se escapa la procuraduría, ni en reciente época porque el Vice-procurador  Carlos Arturo Gómez Pavajeau también estuvo metiendo la mano del entorpecimiento que favorecía al Gordo García cuando mandó a despedir a Héctor Rodríguez, investigador que tenía el caso en la Procuraduría, con el cuento de que no presentaba resultados.

No queda por fuera de quienes actuaron como favorecedores del Gordo, la  señora Tatiana Moreno, procuradora Regional entre 1999 y 2001. Moreno siendo procuradora envió a la Fiscalía una falsa retractación sobre acusaciones que hacía un desmovilizado paramilitar inculpando a los parlamentarios García y Merlano. Posteriormente se supo que jamás el paramilitar había hecho tal retractación, y por el contrario se ratificó en sus acusaciones contra políticos de la región.

Y es que en verdad la forma tardía como han llegado las Cortes, la Procuraduría y la Fiscalía, causan extrañeza, más cuando es de público conocimiento  la negligencia para asumir y llevar a buen termino hechos de dolor como la masacre de Chengue, o la de Macayepo, o el exterminio golpe a golpe de la población de Chinulito, los asesinatos en Pichilín, en Colosó y en tantos y tantos sitios de la sabana sucreña.

Aparte de la actitud cómplice, de encubrimiento y demás formas del favorecimiento a  paramilitares, aparte de la subordinación del Camilo Osorio cuando era Fiscal Genial a la figura macabra de Carlos castaño, también el Ministerio público archivó y tomó con desdén los casos de procesamiento de los funcionarios implicados de una u otra manera en los asesinatos producidos en Macayepo.

Por todo esto, no sería extraño sino muy probable que también aparezcan implicados en la narco-para-política funcionarios actuales de la Fiscalía, la Procuraduría y demás instancias estatales que tienen que ver con la implantación de la justicia en este escenario de mezcolanza extrema de mafia, narcotráfico, empresarios, terratenientes, ganaderos…, en fin de la vieja clase oligárquica con los emergentes narcos que pasaron a hacer parte de la genética de la oligarquía.

Por ejemplo, todo el mundo sabe que el Procurador maya, muy ligado a la familia Araujo, ha estado muy al tanto de las determinaciones y giros de la política en el departamento del Cesar donde tanto el gobernador actual como el Alcalde de Valledupar ganaron fraudulentamente, amenazando a los demás candidatos y como cuotas de las peores lacras del paramilitarismo.
Y que no nos vengan con el cuento de que esto ocurre donde el Estado es más débil, y que lo que se está produciendo es la penetración del Estado por el paramilitarismo y el narcotráfico, como si de lo que se tratara no fuera del desarrollo del terrorismo de Estado.

Estamos hablando de la existencia de un Estado mafiosos, fascista, terrorista del cual apenas si podríamos tener alguna mínima esperanza en que están excepcionales componentes que aún por lo menos respeten la legalidad burguesa que no haya caído en la escandalosa adecuación para garantizar impunidad.

EUTIMIO ACOSTA: