Ayer el estado colombiano, representado por el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, pidió perdón al representante a la Cámara, Iván Cepeda, por la participación estatal en la ejecución extrajudicial de su padre Manuel Cepeda Vargas, el último senador de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. También pidió perdón a su familia. Pero le pidió sinceramente perdón a la familia colombiana, al pueblo colombiano ?

No lo creemos. Si bien es un paso importante, ya que obliga al estado y los gobernantes a dar la cara y pedir perdón, no es un paso que vaya a solucionar el problema de las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, las desapariciones, el desplazamiento forzoso. Por qué ? Porque es una costumbre de la oligarquía en el poder realizar las violaciones de derechos humanos y echarle a otros la culpa. Así ha sido con los « pájaros » y el « narco-paramilitarismo ». Así es ahora con las « BACRIM ».

Si bien el gobierno reconoce su participación en el asesinato del camarada Manuel Cepeda, no hemos visto que ninguno de los autores intelectuales –los determinadores- haya respondido por éste crimen. O es que acaso los autores materiales actuaran a motu propio ? No. Eso obedece a una política institucional que hoy todavía sigue poniéndose en práctica. Al exterminio de la Unión Patriótica (U.P.), le ha seguido el más atroz desangre del pueblo colombiano. Nada más durante le gobierno de Andrés Pastrana hubo 30.000 muertos producidos por ejecuciones extrajudiciales, masacres y desapariciones. Durante el régimen de Uribhitler todavía estamos tratando de recopilar la información ya que hasta los defensores de derechos humanos se convirtieron en « blancos » de militares y narco-paramilitares.

Hoy el régimen continúa practicando el Terrorismo de Estado, sólo que a ritmo diferente : a cuenta-gotas. Durante los primeros meses del gobierno santista fueron asesinados más de 42 líderes populares (2010). En este año de 2011 ya van más de 29 líderes. Cuántos van del POLO ? Cuántos muertos más que no se registran ? Es el ritmo « diferente », el cual le permite a la Casa de Nari mostrar al mundo que ellos están luchado contra las violaciones de los derechos humanos. Dos allá, tres acullá, tres más para allá, en una sucesión infinita que nos prueba que el Terrorismo de Estado –el desangre del pueblo colombiano- se sigue con total impunidad.

Mientras la Doctrina de Seguridad Nacional siga siendo la doctrina que mueve a la Fuerza Pública colombiana se seguirá practicando el Terrorismo de Estado y se continuará el desangre del pueblo, el cual lo tiene sumido en la más espantosa crisis humanitaria de toda la historia de nuestro país. Si de veras hubiera verdadera voluntad de transitar caminos diferentes, el reconocimiento de la ejecución extrajudicial del camarada Manuel Cepeda hubiera sido realizado por el propio presidente Santos y hubiera sido un momento crucial para anunciar una política estatal de paz seria.

Mas era imposible. Imposible porque el imperativo ético impedía –e impide- a un personaje comprometido en 3.200 ejecuciones extrajudiciales pedir perdón precisamente por una ejecución extrajudicial adelantada desde el estado. Era –y es- un impedimento llegar a pedir perdón por las ejecuciones extrajudiciales cuando desde los medios en poder de la familia Santos se justificó el genocidio de la Unión Patriótica (U.P.). Por ello envían a alguien de menor rango, precisamente un representante de la política de mano fuerte y guerra que aplican en nuestro país.

No basta pedir perdón si queremos cambiar la violación de los derechos humanos de los colombianos.
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